El gobernador de Florida, Ron DeSantis, tiene una pelea de semanas con la compañía de entretenimiento Disney, un enfrentamiento que se desató por la promulgación de una ley prohíbe que las escuelas les enseñen a los niños pequeños sobre la orientación sexual o la identidad de género, conocida como «Don’t say gay», que regirá a partir de julio próximo.
La pelea entre el gobernador de Florida y Disney empeoró en las últimas semanas, con DeSantis apoyando el fin de un estatus especial que tiene la compañía de entretenimiento en Florida, y con Disney anunciando que dejaría de hacer donaciones políticas en el estado.
A continuación entre la el conflicto paso a paso entre el gobernador DeSantis y la empresa Disney, el mayor empleador privado del Estado de Florida.
«Don’t say gay», el principio del conflicto
A principios de marzo de 2022, el Senado de Florida, controlado por el Partido Republicano, aprobó el proyecto de ley HB 1557, titulado Derechos de los Padres en la Educación, conocido como «Don’t Say Gay». Fueron 22 votos a favor y 17 en contra.
Este proyecto prohíbe enseñar sobre orientación sexual e identidad de género a niños en las aulas de las escuelas.
De acuerdo con la legislación, los distritos escolares «no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes. Sin embargo, no está claro qué se consideraría apropiado para la edad o el desarrollo».
Además, la medida requeriría que los distritos «adopten procedimientos para notificar a los padres de un estudiante si hay un cambio en los servicios del estudiante o en la supervisión relacionada con la salud mental, emocional o física o el bienestar del estudiante».
Los opositores de esta medida argumentaron que la prohibición tendría un impacto negativo en una comunidad de por sí marginada y además señalaron que los datos demuestran que los jóvenes LGBTQ registran menores tasas de intento de suicidio cuando tienen acceso a espacios de afirmación LGBTQ.
El proyecto de ley promulgado por DeSantis, un conservador acérrimo que tiene un historial de apoyo a las medidas anti-LGBTQ en el estado, entrará en vigor en julio.
Disney protestó contra «Don’t say gay»
El presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, quien pidió disculpas por no hablar antes sobre el proyecto de ley, sostuvo inicialmente que la compañía «no condenaría públicamente la propuesta».
Sin embargo, algunos de los empleados de la empresa organizaron breves huelgas de protesta.
Más adelante, en protesta por la aprobación de la ley «Don’t say gay», Chapek anunció que la compañía dejaría de hacer donaciones políticas en Florida después de décadas de contribuir generosamente, principalmente a los republicanos, incluido el actual gobernador DeSantis.
DeSantis contraatacó
Entonces, a mediados de abril, Ron DeSantis intensificó su disputa de semanas con Disney, desafiando a los legisladores a eliminar el estatus especial que le permite a la empresa operar como un gobierno independiente en su parque temático en el área de Orlando, Florida.
DeSantis, un republicano ampliamente visto como un posible contendiente presidencial de 2024, promulgó el proyecto de ley en marzo a pesar de las objeciones de Disney, el empleador privado más grande del Estado.
Después de la firma de DeSantis, Disney aseguró en un comunicado que su «objetivo» era derogar la ley o verla derrotada en los tribunales.
El gobernador de Florida afirmó que Disney «cruzó la línea» con esa declaración y sugirió a fines de marzo que se podrían levantar los «privilegios especiales» de la compañía en el Estado.
El fin del estatus especial de Disney
Finalmente la legislatura de Florida, con la presión de DeSantis, aprobó una serie de proyectos que, entre otros, eliminaron el estatus único que permitía a Disney operar como un gobierno independiente en sus parques temáticos del área de Orlando.
De esta manera, la legislación aprobó la eliminación de Reedy Creek, como se le conoce al distrito de propósito especial creado por ley estatal en mayo de 1967.
Este le otorgaba a The Walt Disney Company el control gubernamental sobre la tierra y alrededor de sus parques temáticos del centro de Florida. El distrito se encuentra al suroeste de Orlando.
Con el distrito de propósito especial, Disney asumió la responsabilidad de brindar servicios municipales como energía, agua, carreteras y protección contra incendios, pero también se liberó de lidiar con trámites burocráticos legales o pagar impuestos por servicios que beneficiaban al público en general.
Hoy, el distrito especial de Reedy Creek abarca alrededor de 10.117 hectáreas en los condados de Orange y Osceola, incluidos cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un complejo deportivo, 281 kilómetros de carretera, 107 kilómetros de vías fluviales y las ciudades de Bay Lake y Lake Buena Vista, según su sitio web.
El proyecto de ley declara que cualquier distrito especial creado antes de noviembre de 1968 se disolverá el 1 de junio de 2023. El texto tiene poco más de una página y ofrece pocos detalles.
La disolución del distrito especial significaría que los condados de Orange y Osceola asumirían los activos y pasivos de Reedy Creek.
Eso podría conducir a impuestos más altos para que esos residentes paguen las deudas de Reedy Creek y se hagan cargo del cuidado de las carreteras, la policía, la protección contra incendios, la gestión de desechos, entre otros servicios.
¿Cómo sigue la disputa?
Esta semana el distrito autónomo especial de Disney consideró que la decisión de Florida de disolverlo el próximo año «no es legal a menos que el estado pague las grandes deudas de Reedy Creek», estimadas en US$ 1.000 millones de bonos pendientes, según la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings.
En un comunicado emitido ayer a sus tenedores de bonos, Reedy Creek señaló que la ley de 1967 también incluye un compromiso de Florida con ellos.
La ley establece que Florida «no afectará de ninguna manera los derechos o recursos de los tenedores hasta que todos esos bonos, junto con los intereses correspondientes, y todos los costos y gastos en relación con cualquier acto o procedimiento por parte de dichos tenedores o en su nombre, sean totalmente satisfechos y liquidados».
La nueva ley tiene solo dos páginas y evita cualquier discusión sobre los detalles de cómo deshacer medio siglo de acuerdos de infraestructura, ni establece los próximos pasos en el complicado proceso.
